En su primer encuentro oficial con el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) encontró una respuesta más favorable de lo esperado, aunque insuficiente para detener la posible convocatoria a un paro general de 24 horas que se discutirá este jueves en la reunión del Consejo Directivo cegetista. Los sindicalistas se mostraron inicialmente satisfechos porque fueron recibidos por dos ministros clave del gabinete libertario, quienes les ofrecieron disculpas por los roces en la relación y se comprometieron a discutir en una mesa la «modernización» de la legislación laboral para incluirla en la Ley Bases, sin embargo, excluyendo los puntos que habían irritado a la dirigencia sindical.
La reunión, que duró casi tres horas, tuvo como protagonista inesperado a Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros, quien sustituyó a su hijo Pablo, cotitular de la CGT. Moyano planteó ante los principales funcionarios del Gobierno los problemas derivados de la no homologación de su última paritaria, lo que llevó a que al finalizar la reunión se quedara a solas con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para buscar una solución.
La delegación de la CGT adelantó al ministro del Interior, Guillermo Francos; al jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y al asesor presidencial Santiago Caputo, que organizarán una movilización para el 1° de mayo y que probablemente mañana se decidirán «medidas de acción directa». Los funcionarios no solicitaron la suspensión de estas medidas, sino que pidieron un «acompañamiento durante 2 o 3 meses» con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista.
Durante la reunión, los representantes del Gobierno se disculparon por no haber convocado antes a la CGT para dialogar y por no haber consensuado la reforma laboral del DNU 70. Esta solicitud de disculpas, sorprendentemente, vino de parte de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, lo que fue interpretado como un gesto de poder dentro del gobierno.
Respecto a la reforma laboral, se acordó que será impulsada por los legisladores de la oposición dialoguista, pero se buscará consensuar su contenido con la CGT. Se propuso la formación de una «mesa técnica», con el compromiso de eliminar los artículos más problemáticos para el sindicalismo. Además, se aceptó no referirse más a la «reforma laboral» y hablar de una «modernización laboral».
A pesar de estas concesiones, los sindicalistas expresaron su preocupación por la demora en la homologación de los acuerdos salariales y otros problemas laborales. La reunión se desarrolló con momentos de tensión, especialmente cuando se discutió sobre la situación de los jubilados y la «criminalización» de la protesta.
En resumen, si bien hubo gestos de acercamiento por parte del Gobierno, los sindicalistas necesitan acciones concretas para respaldar las promesas hechas en la reunión. La situación podría desembocar en un nuevo paro general, evidenciando la compleja relación entre el Gobierno y la CGT.