Educación no puede exigir aquello que el Ministerio de Salud no establece como obligatorio
«NO AL PASE SANITARIO EN LAS AULAS»
Eco Educativo expresó su posición luego de conocer las medidas que implementarán Santa Cruz y Formosa ¿Cómo puede exigirse un pase obligatorio de vacunación para ir a la escuela de gestión estatal cuando no hay una decisión federal que incluya a la vacuna contra el COVID en el calendario obligatorio?
A casi dos años del inicio de la pandemia, y cuando ya parecía que la Educación volvía a ocupar el lugar primordial que nunca debió perder, nuevamente la incertidumbre se apodera de las familias, los docentes, la comunidad educativa en su conjunto: no habrá presencialidad sin pase sanitario.
Podríamos volver a enumerar los múltiples motivos que sostuvieron durante este tiempo -y aún lo hacen-, que la presencialidad de niños, niñas, jóvenes y adultos en las escuelas es fundamental y garantiza plenamente el derecho humano a la educación. Es en cada institución educativa donde esta garantía cobra sentido y articula de manera integral todos los demás derechos de nuestros estudiantes.
Sin embargo, algunas provincias como Formosa o Santa Cruz -más las que podrían sumarse- continúan negando este derecho imponiendo como requisito de admisión en las aulas el “pase sanitario”.
¿Cómo puede exigirse un pase obligatorio de vacunación para ir a la escuela de gestión estatal cuando todavía no hay una decisión federal que incluya la vacuna contra el COVID entre las demás que componen el calendario obligatorio?
Si no hay una decisión política en este sentido que se exprese a través de la ley, otorgándole sustento a la decisión de promover la obligatoriedad a la vacuna contra el COVID 19 y a la exigencia de un pase sanitario, no se pueden avasallar derechos constitucionales como los consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Es por eso que afirmamos que la exigencia de un pase sanitario exigible para ingresar a las escuelas públicas carece de sustento jurídico y pedagógico, especialmente en provincias que hacen de la ausencia de los chicos a clases una práctica habitual.
Lejos estamos de propiciar conductas “antivacunas”. Reconocemos los logros sanitarios que ellas han generado y el valor que para enfrentar la enfermedad encierra el mayor porcentaje de población inoculada.
Por otra parte, es sabido que los no vacunados no solo suman riesgos personales, sino que favorecen los contagios y el desarrollo de nuevas variantes del virus.
Es por eso que instamos a las autoridades a articular todos los resortes necesarios tanto para concientizar a la población como para proveer las dosis de vacunas adecuadas para proteger a los segmentos etarios que componen el alumnado.
Además, deben completarse las instancias formales que permitan alcanzar las autorizaciones definitivas de las vacunas disponibles en nuestro país y con ellas su integración al calendario de vacunación obligatorio.
Mientras estas etapas estén pendientes, resulta a todas luces inconsistente volver a vulnerar un derecho estratégico y esencial como el de enseñar y aprender.
