El Diputado Nacional José Luis Ramón presentó el Proyecto de Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre del 2020.
En un día signado por las protestas y acampes en Capital Federal, que demuestran el malestar y la necesidad de muchas familias argentinas, el Diputado por Mendoza, José Luis Ramón, presentó el Proyecto de Emergencia Alimentaria en Argentina.
El Presupuesto 2019 dedicó a la emergencia sólo un 0,3% del presupuesto nacional, a conciencia de que los primeros recursos que se han ido recortando por el Ejecutivo, han sido las raciones de comida para viandas alimentarias para escuelas públicas, comedores y hasta copas de leche, que han ido aumentando en cantidad de personas que acuden por ayuda, y no así en apoyo estatal.
Este nuevo proyecto, plantea la urgencia con la que se necesita un Programa de emergencia Alimentaria y Nutricional, que pueda dar cuenta de los grupos vulnerables para la ejecución de las nuevas partidas presupuestarias establecidas en el mismo, para la defensa de un derecho humano básico en todo el país, fortaleciendo la acción de los comedores, merenderos y escuelas.
Pero también resalta el rol de las provincias, quienes serán las cuales formarán parte del Consejo Ejecutivo del Programa y deberán ser quienes garanticen la ejecución y efectivización del programa conforme las necesidades de su provincia. Nación, en este caso, sólo recaudará los fondos y controlará el cumplimiento del programa.
“Muchos creen que son las familias las que deben responder a estos problemas, pero se olvidan de que los contextos tienen injerencia en nuestras vidas, y en este contexto de crisis económica, pero también social, debe el Estado responder con medidas que contengan a un pueblo hoy, completamente desvalido”, sentenció Ramón.
El Diputado, ya había tenido referencia al tema luego de visitar una escuela en Mendoza, donde el estudiantado sólo consume leche una vez por semana, ya que el gobierno provincial de Alfredo Cornejo, ha recortado las viandas para las instituciones públicas.
Tras tener un índice de pobreza en niños, niñas y adolescentes que supera el 50%, y la imposibilidad del salario mínimo, vital y móvil de garantizar un nivel de vida básico para las familias argentinas, es que se desprende la necesidad urgente de que los poderes del Estado planteen medidas que puedan dar respuestas inmediatas.