En un clima de creciente tensión con el sindicalismo, la Cámara de Diputados retoma una agenda que incomoda a las cúpulas gremiales. Proyectos de distintos bloques buscan poner fin a los aportes obligatorios y acotar los mandatos sindicales.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá para avanzar con una serie de proyectos que apuntan a modificar aspectos clave del financiamiento sindical y el funcionamiento interno de los gremios. La convocatoria, encabezada por el diputado radical Martín Tetaz, pone nuevamente sobre la mesa la idea de “democratizar” el sindicalismo en Argentina, con propuestas que van desde la eliminación de la cuota solidaria hasta la limitación de las reelecciones indefinidas en la dirigencia.
Entre los proyectos a tratarse, se encuentra el del diputado Luis Picat (UCR), que plantea prohibir los aportes obligatorios derivados de los convenios colectivos. Según argumenta, este esquema afecta la libertad sindical porque obliga a trabajadores no afiliados a financiar organizaciones de las que no forman parte. A su iniciativa se suman los respaldos de otros diputados radicales y de espacios como Democracia para Siempre y el PRO.
En paralelo, la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) propone impedir que los sindicatos reciban financiamiento por parte de empleadores o entidades políticas. “Hoy, incluso aquellos trabajadores que se desafiliaron deben seguir pagando una cuota solidaria similar a la de los afiliados”, advirtió, señalando un esquema que considera distorsivo.
Otra propuesta relevante es la del diputado Fabio Quetglas (UCR), que impulsa una reforma más amplia: además de eliminar los aportes obligatorios, sugiere limitar los mandatos sindicales a cuatro años, exigir declaraciones juradas a los dirigentes y garantizar la publicación de balances e informes financieros.
Desde el bloque libertario, Marcela Pagano apuntó directamente al volumen de dinero que recaudan algunos sindicatos. Citó como ejemplo el sector de comercio, donde se calcula una recaudación anual superior a los $57.000 millones en concepto de aportes solidarios. Criticó la falta de control y transparencia sobre esos fondos, que se descuentan de forma igualitaria sin importar la carga horaria del trabajador ni su nivel de participación en la estructura gremial.
Con diferentes matices, los proyectos comparten un diagnóstico común: cuestionan el esquema de financiamiento compulsivo y buscan introducir límites a la conducción sindical, históricamente marcada por liderazgos prolongados y escasa alternancia.