En un escenario político cada vez más agitado, la oposición en la Cámara de Diputados se prepara para solicitar una sesión especial durante la semana del 7 de abril. El propósito es mantener en la agenda el escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra, especialmente en pleno año electoral, donde ya no parecen quedar rastros de los antiguos pactos de no agresión entre los distintos espacios.
Los principales bloques opositores –Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica– coordinan esfuerzos para avanzar con varios proyectos que vienen promoviendo. Entre ellos se destacan iniciativas vinculadas a la emergencia en discapacidad, temas previsionales y, de forma central, el seguimiento del controvertido caso $Libra. En este marco, planean emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario José Luis Espert, con el fin de activar formalmente el tratamiento de estos temas.
Uno de los reclamos centrales es garantizar que los funcionarios nacionales se presenten ante el Congreso cuando sean convocados, y no sólo cuando lo consideren conveniente. Desde la oposición insisten en que la función de control parlamentario no puede quedar sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo.
En paralelo, y aprovechando la apertura del proceso para enviar preguntas al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos —quien debe asistir al Congreso el 16 o 17 de abril para presentar su informe de gestión—, legisladores de distintos bloques ya remitieron una serie de interrogantes vinculados con el caso $Libra, buscando asegurarse de que el tema se aborde en esa instancia.
Además del conflicto por la criptomoneda, otro punto que concentrará buena parte de las consultas será el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tema que también genera preocupación en amplios sectores políticos y sociales.
A pesar del trabajo conjunto de los espacios opositores, reconocen que hay dificultades para traducir el respaldo en comisiones en votos dentro del recinto. Muchos diputados responden a los intereses de sus gobernadores, quienes a menudo ejercen presión en momentos clave. Así ocurrió recientemente en el Senado, donde no se logró conformar la comisión investigadora, pese a que uno de sus principales impulsores terminó votando en contra.
Aun con este escenario adverso, desde la oposición aseguran que no darán marcha atrás. La intención es sostener el debate, insistiendo en la necesidad de transparencia institucional, en el rol que debe asumir el Gobierno frente a los cuestionamientos, y en el derecho del Congreso a ejercer un control efectivo.