El debate sobre el financiamiento gremial reavivó tensiones en Diputados a sólo unos días del paro general convocado por la CGT. Legisladores de distintos espacios cruzaron fuertes acusaciones en la Comisión de Legislación del Trabajo.
A tan solo nueve días del paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), una fuerte discusión se desató en la Cámara de Diputados alrededor de los aportes que empresarios y trabajadores realizan a los sindicatos. El tema cobró centralidad en una reunión clave de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, donde se debatieron varios proyectos que apuntan a modificar este sistema de financiamiento.
El objetivo de los bloques denominados «dialoguistas», como la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos, es claro: limitar o directamente eliminar los aportes obligatorios a los gremios, tanto de afiliados como de quienes no lo son. Tetaz adelantó que buscarán emitir dictamen el próximo martes 15, apenas cinco días después de la medida de fuerza de la CGT.
Entre los impulsores de estas iniciativas se encuentran Luis Picat (UCR), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), Gerardo Milman (PRO), el propio Tetaz y Fabián Quetlas (UCR), quienes argumentan que los aportes sindicales obligatorios restringen los ingresos de los trabajadores y afectan la libertad de asociación.
Desde Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy abrió el debate afirmando que la meta es «eliminar aportes obligatorios para no afiliados y promover un verdadero pluralismo sindical». En la misma línea, Milman criticó el impacto económico de esos aportes en los trabajadores.
Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte resistencia por parte de representantes de Unión por la Patria, como Sergio Palazzo y Hugo Yasky, ambos con pasado y presente en el movimiento sindical. Para Yasky, los proyectos «desconocen la base jurídica del Estado de derecho que garantiza la autonomía sindical» y recordó que “en Argentina, la afiliación gremial es voluntaria”.
La discusión se volvió aún más tensa con la intervención de Marcela Pagano, diputada de La Libertad Avanza, quien propuso que los aportes empresariales destinados a capacitación y seguros dejen de ser obligatorios. Citó el caso de la paritaria de Comercio, donde las empresas aportan un porcentaje del salario que, según afirmó, no se traduce en capacitación efectiva para los empleados. «Los fondos están yendo a algún lugar, pero nadie responde qué hacen con ellos», lanzó.
Desde el otro lado, el sindicalista Jorge Ávila, diputado de Encuentro Federal, salió al cruce: «A todos los trabajadores los capacitamos. Si no los preparamos, no pueden trabajar. Esa es la realidad».
Mientras crecen las tensiones en el Congreso, la pulseada entre el oficialismo, la oposición dialoguista y el movimiento sindical se agudiza en la antesala de un paro que promete movilizar a miles en todo el país.