La oposición aprobó en el Senado la ley de Financiamiento Universitario, y ahora el Gobierno debe decidir si veta el proyecto. La iniciativa, que recibió 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, superó con amplitud los dos tercios requeridos. Entre los votos favorables se cuentan los de tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri, Luis Juez y Beatriz Ávila, mientras que la pampeana Victoria Huala se abstuvo y los opositores Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli votaron en contra.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley, que prevé un ajuste en los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción final, tendría un impacto presupuestario de $738.595 millones, lo que equivale al 0,14% del PBI para este año. La normativa también establece que los créditos presupuestarios destinados a las universidades se actualizarán al inicio del ejercicio 2024 según la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, posteriormente, se ajustarán bimestralmente en función de la inflación, descontando los aumentos ya concedidos durante el año.
El proyecto señala que si una nueva paritaria mejora las condiciones establecidas en la ley, esta última prevalecerá. El ministro De Pedro advirtió que, si el presidente veta esta ley, que representa solo el 0,14% del PBI, sería una señal de que el gobierno prioriza los intereses de unos pocos sobre el bienestar de las universidades argentinas.