En la convocatoria al Pacto de Mayo realizada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, se delinearon los puntos de acuerdo que se propondrían al espectro político. Sin embargo, la incertidumbre sobre quiénes serían los destinatarios de esta invitación quedó sin resolver. Milei, en un tono generalizado, mencionó a «gobernadores, ex presidentes y líderes de partidos», sin especificar condiciones más allá del respaldo a la Ley Bases.
No obstante, a medida que se acercaba la fecha de la cita, figuras cercanas al Presidente dejaron claro que solo serían considerados para la invitación aquellos opositores que respaldaran previamente esta ley. Este requisito añadió una nueva capa de complejidad al evento, generando especulaciones y tensiones en el ambiente político.
El Gobierno, consciente de la importancia estratégica de asegurar el respaldo en el Senado para el paquete de leyes, intenta seducir a los gobernadores como una forma de garantizar su apoyo. Sin embargo, esta táctica va acompañada de amenazas veladas de consecuencias para aquellos que opten por desafiar la línea oficial.
La distinción entre quienes serán invitados y quienes quedarán fuera ha generado reacciones diversas. Algunos la consideran lógica, mientras que otros temen que profundice las divisiones internas en el espectro político. Los líderes provinciales de Juntos por el Cambio parecen ser un foco de atención particular, con la posibilidad de que algunas ausencias aumenten las tensiones dentro de la coalición.
Un caso destacado es el de Martín Llaryora, un peronista anti kirchnerista de Córdoba, quien ha mostrado disposición a respaldar el Pacto y colaborar en su organización. Este gesto refleja la complejidad de las alianzas políticas y las negociaciones en curso detrás de escena.
A pesar de las dificultades y las incertidumbres, el Gobierno está decidido a llevar a cabo el acuerdo, incluso si la asistencia resulta limitada. La foto política del evento adquiere un significado crucial, ya que su fracaso podría interpretarse como una señal de debilidad. Por lo tanto, el compromiso con la celebración del Pacto se mantiene firme, aunque su ejecución plantea desafíos significativos.
Foto: Comunicación /Senado