El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto para impulsar propuestas de aprendizajes personalizadas a las necesidades de cada estudiante, con foco en estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y/o con altas capacidades intelectuales. “Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, remarcó el legislador.
El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella presentó un proyecto de Ley para garantizar la educación inclusiva en todo el país. La iniciativa busca derribar barreras de aprendizajes, impulsar la participación y lograr una propuesta de enseñanza personalizada a las necesidades de cada estudiante, con especial foco en personas con discapacidad o dificultades cognitivas y jóvenes con altas capacidades intelectuales.
“Este proyecto de Ley es para todos los estudiantes que necesitan acompañamiento para llevar adelante sus trayectorias educativas en cualquier institución de gestión pública o privada de nuestro país, según los lineamientos de la Ley Nacional de Educación Nacional”, remarcó el legislador. “Se trata de una iniciativa con sustento en la generación de acuerdos entre las familias, los equipos de apoyo, las instituciones y los estudiantes para lograr una trayectoria escolar basada en reconocer el conjunto de saberes adquiridos de cada estudiante”, agregó.
“La educación inclusiva y de calidad es un derecho humano. Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, señaló Mirabella.
La iniciativa ya había sido tratada durante el mandato de Roberto Mirabella como senador nacional, junto a Senadores de otros espacios políticos que también impulsaron el proyecto, pero en 2022 perdió estado parlamentario y hoy vuelve a presentarse con las firmas de Mirabella y Cobos. El texto dispone que las y los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional y especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de las y los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, será considerado un acto de discriminación.
“La educación implica y requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución. En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”, concluyó Mirabella.
A raíz del aumento de casos de femicidio en el país, se pregunta al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por el contenido y alcance de los planes y programas anunciados el año pasado. En igual sentido, se consulta sobre la falta de políticas públicas integrales, estadísticas y funcionamiento de los órganos del Estado a la hora de hacer un seguimiento de las denuncias de violencia efectuadas por personas que luego son víctimas de femicidio. En igual sentido, se consulta de qué modo se ha distribuído la partida presupuestaria asignada y qué políticas públicas se llevaran adelante para frenar el alarmante número de femidicios que casi a diario se reportan en el país