Más pruebas sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Durante el encuentro, expusieron testigos y damnificados por los presuntos desmanejos en la OSPJN. Asimismo, se anunció la presentación de una ampliación del pedido de juicio político que presentaron diputados del Frente de Todos en referencia a la intervención en las elecciones de Tucumán y San Juan de parte de la Corte.

 

En primer término, expuso el doctor Sebastián Clerici, secretario Letrado de la CSJN, quien ratificó su actuación y lo firmado en el informe como presidente de la comisión auditora interna de la OSPJN. “Uno de los vínculos que teníamos con la obra social, era cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado, existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”, explicó.

 

Desde el Frente de Todos centraron las preguntas hacia Clerici referenciándolas a los diversos mecanismos con que la obra social efectuaba las contrataciones y licitaciones. La diputada Vanesa Siley (FdT) las cuestionó por considerarlas carentes de legalidad y que estaban bajo un reglamento autónomo basadas en leyes de la época de la última dictadura que fueron derogadas.

 

Laura Ambrosio (afiliada de la OSPJN), damnificada, brindó un pormenorizado detalle de la actuación de la obra social en el transcurso de la enfermedad que padeció su marido fallecido, teniendo además un hijo discapacitado. “Si yo no llamaba, pedía, reclamaba y amenazaba con ir de vuelta por la vía judicial, las cosas no aparecían. En la internación domiciliaria nunca brindaron respuesta porque decían que no se cubría”, fustigó.

 

Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, se presentó ante los legisladores para brindar testimonio sobre las irregularidades en ese organismo, luego de ser notificado por el juez federal Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo tras haber sido citado en tres oportunidades. La diputada Gaillard resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social, dos están en el juzgado de Lijo y una en el del juez Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social”.

 

Ante las consultas, Tonón manifestó que ingresó a la obra social en 2007 “luego de una entrevista, a raíz de una persona en común, se me solicita CV por mi trayectoria médica. Luego de unos meses fui citado a una entrevista con el Juez de la Corte, Maqueda. No soy amigo de Maqueda, solo tuve vínculo laboral”, explicó. “En esa oportunidad se me pidió hacer una auditoría por una causa penal vinculada a una estafa con prestaciones de odontología, trabajé 6 meses, hice un informe donde se aclararon todas las situaciones y realizamos una propuesta de replanteo de la obra social”.

 

“Se presentó un cronograma para reformar la obra social, a través de un directorio de tres personas en la que estaba yo como integrante. El ofrecimiento fue hecho por los titulares de la Corte”, aclaró. “La situación fue que se aprobó por acordada, por estatuto el cronograma de la obra social, el proyecto de modificación de cambio de gestión en la obra social para transformarla en una acorde a las circunstancias del momento”, dijo el testigo.

 

“El 31 de diciembre 2021 deje de estar operativo para poder tomar vacaciones acumuladas, luego en el mes de febrero de 2022 se hizo un citatorio para hacer un cambio de autoridades, yo no iba a continuar, me iba a acoger a la jubilación”, remarcó.

 

Sobre las firmas de los integrantes de la Corte en las licitaciones y compras de la obra social dijo que “no era mi función interferir en las funciones de la Corte, ni saber quién firmaba”. En tanto, el testigo en reiteradas ocasiones se acogió al artículo 18 de la Constitución Nacional por lo que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

 

Asimismo, la Comisión votó en favor de incorporar nuevos testigos propuestos por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Germán Martínez, entre ellos, Mariano Althabe, actual director de OSPJN y Cora Borensztejn (también miembro del directorio de la obra social). Juntos por el Cambio votó en contra.

 

Desde el bloque UCR, el diputado Mario Negri, anticipó que solicitaron incorporar los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente, Alberto Fernández y advirtió que “hay dos pedidos de juicio político contra el presidente presentados el de la fiesta en Olivos y cuando convocó a desoír el fallo de la Corte por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”.

 

Los otros testigos que no estuvieron presentes en la comisión fueron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, contadores públicos. En el caso de Ritvo por un pedido de reprogramación, y en el caso de Martínez porque no se lo pudo localizar en domicilio.