La iniciativa incluye modificaciones al Código Penal, reformas a la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos y la creación de un registro de activos virtuales. La propuesta fue respaldada por el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda votaron en contra. Hubo 5 abstenciones, incluyendo diputados de ambas coaliciones.
La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con autonomía funcional y financiera. Se amplía la cantidad de operaciones que deben ser informadas a la UIF, incluyendo a los proveedores de servicios de activos virtuales, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios. Se crea un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales a cargo de la Comisión Nacional de Valores para detectar operaciones sospechosas con activos virtuales como criptomonedas.
La UIF tendrá la facultad de solicitar informes y antecedentes a organismos públicos y privados, quienes estarán obligados a proporcionarlos bajo apercibimiento de ley. Los sujetos obligados no podrán oponer el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional a la UIF en casos de reporte de operaciones sospechosas o intercambio de información con organismos extranjeros.
La pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó de $300.000 a $8,6 millones, y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno, ya que la Argentina debe actualizar su legislación a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en una próxima revisión técnica.