Desde el primer momento de la cuarentena, he manifestado como diputado por Protectora Fuerza Política nuestro apoyo a las medidas tomadas por el Presidente como comandante de esta crisis sanitaria única. En cada momento, trabajo para aportar respuestas y hacer conocer los problemas de mi provincia, de los consumidores, de los trabajadores y de las Pymes. Pero los apoyos, aun en la emergencia, tienen límites y no son ciegos.
En el día de ayer, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 457/2020, Alberto Fernández autorizó al Jefe de Gabinete a repartir los fondos del presupuesto a donde crea mejor, sin límite alguno y por todo el año. Una vez más, el Presupuesto se vuelve letra muerta. Una vez más el Ejecutivo toma decisiones pasando por encima del Congreso, sin la intervención de diputados y senadores que representan al pueblo de la nación.
A esto se suma que, agotado todo tipo de plazo razonable – primero explicado por el descalabro de las cuentas públicas, luego por la negociación de la deuda, y ahora por el coronavirus -, seguimos sin presupuesto para este año. En tanto, el Congreso queda totalmente afuera de la función principal: la distribución de los fondos públicos.
No pueden ni deben, pasar desapercibidas estas actitudes. Los roles de cada Poder en nuestra República, tienen que ser defendidos y respetados. No se puede aceptar que ninguna emergencia rompa nuestras instituciones, porque es justamente en estos momentos, en donde más las necesitamos funcionando.
Hace tiempo que vemos estas distorsiones y tendencias en nuestro país: las fomentaron en el gobierno anterior, las impulsan en el actual.
Tenemos que terminar con los presupuestos prorrogados, y tenemos que terminar con la Ley de DNU que fomenta el uso descontrolado de este tipo de decretos, e imposibilita que las discusiones se den en la casa de la Democracia y el Federalismo: el Congreso Nacional.
Los decretos de necesidad y urgencia tienen que durar un plazo corto, y si no se aprueban en el recinto y se discuten como corresponde, se tienen que caer, tal como lo impulso con el proyecto 383-D-2020.
No podemos más que acompañar la necesidad de un fuerte replanteo de la deuda contraída, los vencimientos insostenibles y el impulso para detener el endeudamiento del país.
Este mismo gobierno, que hoy impulsa menoscabar la importancia del Congreso otorgándola facultades presupuestarias a Santiago Cafiero, hace pocos días también decidió tomar deuda con organismos multilaterales, deuda que debemos pagar todos.
Aun así, sostuve la necesidad de acompañar la modificación de la deuda contraída, de los vencimientos insostenibles y el impulso para detener el endeudamiento del país, pero estas decisiones no son para que las tome el Poder Ejecutivo, de espaldas al congreso. Se lo dije a Martín Guzmán, cuando dio su discurso en la Cámara Baja: “apoyamos la rediscusión, pero el presupuesto y la deuda externa, son temas del Congreso NO del Ejecutivo”.
Toda la deuda debe tratarla y aprobarla el Pueblo Argentino de forma abierta. No hay excepciones aceptables, por eso propuse en la campaña y en el congreso -con el proyecto 5618-D-2019-, que los organismos multilaterales no sean una excepción. Haberlo habilitado en el pasado, nos llevó una y otra vez a las deudas insostenibles con el FMI.
Todas estas tergiversaciones, delegaciones y abusos, han permitido que el presupuesto aprobado por el Legislativo sea un mero deseo y no una herramienta efectiva del ejercicio del poder con participación ciudadana real.
Como diputado de un bloque de la oposición, tengo una firme convicción de apoyar constructivamente. Hay que estar juntos como representantes del pueblo argentino de todo el país, y más aún en esta emergencia, pero el apoyo y la construcción común, tiene que corregir los excesos.
Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
Dip. José Luis Ramón