Por Pablo Baqué
Con los guantes provistos por los fueros (Ley 25.320) que lo protegen del arresto, inclusive en casos como este cuya flagrancia sería inobjetable, el diputado nacional (PRO / Bs.As) Eduardo Amadeo amenazó a un periodista del canal C5N, molesto por unas preguntas referidas a la derrota electoral del oficialismo y la interna dentro del espacio «Cambiemos».
Las frases que dirigió al periodista Lautaro Maislin fueron:
“No hablo con la gente pagada para joder, no me rompas más las pelotas”, lo que a todas luces podría encuadrarse en la figura de «injurias» descripta en el artículo 110 del Código Penal, por representar la conducta de aquel que intencionalmente deshonra o desacredita a una persona física determinada. Ratificado luego el agravio por el legislador que llamó al cronista “rata” e “insolente”.
Amadeo también amenazó a Maislin advirtiéndole: «Te voy a dar un piña en 30 segundos».
Todo ello frente a la mirada asombrada de los diputados nacionales Miguel Bazze y Karina Banfi, derivando el hecho en que esta última intentara calmar al diputado.
Esta amenaza pareciera tipificar en el 2do párrafo del artículo 149 bis del mismo Código de fondo, que reprime con prisión o reclusión de dos a cuatro años al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
Horas más tarde Amadeo redactó otra injuria a modo de descargo a través de su cuenta de twitter donde pretende que un periodista es «violento» cuando pregunta con insistencia, lo cual reafirma el tono de su actitud que concluye con una frase sugestiva: «Peor para ellos».
Las preguntas del cronista podrán observarse en el video que se encuentra inserto en esta nota. Aquí se puede advertir claramente cuál fue el tono y el contenido de las consultas del hombre de prensa:
- ¿Hay chispazos dentro de cambiemos?
- ¿Marcos Peña se enojó con Vidal?
- ¿Por qué se fue Lilita?
- ¿No habla con los medios críticos?
Otra funcionaria presente en ese mismo episodio, y que habría incurrido en una conducta tipificada en el Código fue la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quien no debiera alegar desconocimiento de la ley penal más allá de no poseer título de abogada, que recordemos, es el requerido para el cargo que okupa.
Es que denunciar publicamente y de forma visiblemente calumniosa la comisión del delito de «hostigamiento» frente a preguntas periodisticas, debiera activar la intervención de oficio de parte de una fiscalía, y su posterior investigación para determinar con claridad cuál de los actores pudo cometer un ilícito. Hasta el momento la justicia no actuó por prevención como debiera. Hay quienes suponen que el derecho a opinar que otorga fueros a un legislador que está en ejercicio de sus funciones, también se extiende a una funcionaria del Poder Ejecutivo, lo que es constitucionalmente incorrecto.
El caso es una muestra más de la confusión que tenemos los argentinos respecto de los empleados públicos que perciben sus salarios con el aporte que hace toda una comunidad a través de sus impuestos.
Estos señores, se erigen en «autoridades», cuando el objeto de su contratación es brindar un servicio a la sociedad en su conjunto, y dar todas las respuestas que se les requiera sobre su gestión y desempeño, ante el pueblo que es la verdadera autoridad que solventa la retribución por sus funciones.
La habitualidad de asistiir a que los llamados «funcionarios» abiertamente laboren en pro de satisfacer intereses distintos que «el bien común», es una de las deudas pendientes de nuestra democracia joven.
El dinero de los contribuyentes aporta alfombras rojas, despachos de lujo, puestos de trabajo para amigos y parientes, viajes en helicóptero y un sinfin de dispendios de recursos aplicados al beneficio exclusivo de quienes luego deciden de modo dañoso y tantas veces irreparable sobre la economía, la seguridad, la salud; y está claro que los efectos colaterales de sus actos con intención u omisión, en repetidas ocasiones afectan derechos humanos y hasta llegan a costar la vida de algunas personas.
El problema no es que Amadeo se haga el nervioso y coaccione a un periodista que ejerce su trabajo y que nunca vivió del Estado como si lo hizo Amadeo desde sus jóvenes 26 años; el problema es que el propio sistema permite y naturaliza estos abusos, mientras que los alcahuetes corporativos de sus pares se solidarizan con el violento y aducen «ataque periodístico» al simple ejercicio de preguntar sin las genuflexiones de la prensa complaciente.
Los legisladores que tienen bajo su responsabilidad el mandato popular de crear las leyes, de ninguna manera pueden soslayar cuestiones básicas como el derecho a la información o la obligación del funcionario de dar cuenta de sus actos. Por el contrario adoptan una actitud de «personalidades especiales» cuando subidos al pedestal del miedo ponen en aprietos a cualquier periodista que se represente la posibilidad de sufrir represalias laborales o de las otras por el solo hecho de preguntar datos de la realidad.
Este país hermoso, se torna horrible precisamente por empleados publicos del estilo, cuyo nivel de evolución de conciencia no les alcanza para trabajar por lo que debieran, ni se cuestionan que al dirigirse a otro ser humano, deben evidenciar respeto y valorar la dignidad que merece.
Sumo mi repudio al de la comunidad periodistica y las entidades que representan a los trabajadores de prensa, y como abogado ya me he puesto a disposición del periodista Lautaro Maislin, para colaborar si así lo desea, en el impulso de las acciones que por derecho corresponden.